Por su parte, el estudio anual Televidente 2.0, elaborado por The Cocktail Analysis, desvela que «en el retroceso de la descarga está influyendo el aumento del “streaming”, que sube hasta un 50% de internautas que usa esta forma de visionado para acceder a contenidos de su interés. El consumo en “streaming” llega a una media de 6,5 horas a la semana.» Además, «las webs de las televisiones experimentan un mayor consumo de sus videos, ya que un 53% de internautas ve estos contenidos en ellas mensualmente.»

Aunque desde enfoques distintos, lo que vienen a decir los dos estudios es que la demanda de contenidos audiovisuales crece a un ritmo vertiginoso ahora que tiene internet como plataforma de difusión, dato que podría intuirse sin necesidad de estudio alguno.

Las organizaciones dedicadas a salvaguardar los beneficios económicos del actual modelo de la industria de contenidos tienen más público potencial que nunca. Ya solo les falta dejar de quejarse y ponerse a buscar la manera de captar ese público. Según Eduardos Arcos, si una página web da un servicio con la calidad suficiente a la gente no le importa pagar por él.

Genial metaparodia que hace explícito este recurso para poder ampararse en el derecho de parodia y así garantizar la legalidad del vídeo. La productora de la película ha solicitado, por supuesto, la retirada de la multitud de vídeos que corren desde hace unos días por la red y que utilizan las escenas, añadiéndoles subtítulos que ponen en boca del führer desde la piratería hasta los problemas de Cristiano Ronaldo.

Al tradicional trasiego de apuntes y fotocopias se han sumado los archivos adjuntos en correos electrónicos, los lápices de memoria o los enlaces de descargas. Los profesores envían bibliografía (en la mayoría de los casos obras de literatura y manuales universitarios) a sus alumnos y estos se intercambian archivos entre sí.

Así definen los representantes de CEDRO en una entrevista concedida a El País las actividades ilícitas que tienen lugar en las universidades españolas. Otros observadores menos dotados quizás percibirían una actividad universitaria clásica: la del intercambio de conocimiento, porque al fin y al cabo, ¿Qué son las universidades sino centros de intercambio de conocimiento?

El Centro Español de Derechos Reprográficos está tomando el relevo de la SGAE en la cruzada por mantener un modelo económico encubierto como derecho, y lo está haciendo de manera tan desfasada como lo está su propio nombre. Derechos reprográficos…

Nuestra Ministra de Cultura, con tratamiento de Excelentísima Señora, vuelve a su excelencia y, justo el día en que recibo el borrador de la declaración de la Renta, se saca de la manga un estudio sobre el libro electrónico que aconseja a los autores no utilizar licencias creative commons… excelente…

Más en La Aldea Irreductible.

Actualicen su lista particular de barbaridades made in Sinde.

El sistema de enlaces constituye la base misma de Internet. Con estas palabras, mediante las que es imposible resumir una sentencia histórica, D. Raúl N. García Orejudo, Magistrado titular del Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona, ha establecido un punto de partida para el futuro de la Internet española.

No puedo ser objetivo, dado que representé en el juicio a Jesús Guerra, titular del sitio web www.elrincondejesus.com, sosteniendo la argumentación jurídica que previamente había sido desarrollada en la contestación a la demanda por mi colega, socio, y sin embargo amigo Javier Maestre Rodríguez.

No puedo ser objetivo, dado que llevo muchos años sosteniendo que Internet es el futuro, y que legislar en contra de Internet es la mejor forma que tiene cualquier partido de asegurarse por la vía rápida su tumba electoral.No puedo ser objetivo, porque junto a compañeros de la talla humana y profesional de David Bravo y Javier de la Cueva, he tenido que ver cómo se ceba el poder político y económico en los más débiles, en aquellos que sostienen con coraje el pulso sobre el que se está levantando la futura sociedad del conocimiento.

No puedo ser objetivo, porque durante mucho tiempo, desde la histórica sentencia del Tribunal del Distrito Este de Pensilvania, por la que se declaró inconstitucional la primera ley contra Internet, los españoles hemos mirado con envidia hacia el otro lado del Atlántico. A partir de ahora, la referencia para los defensores estadounidenses de las libertades civiles será la sentencia dictada por un juez español.

Internet, como todas las grandes gestas del género humano, es una obra colectiva que construimos a diario entre todos. En los juicios que han marcado su devenir histórico, los abogados somos simples albañiles: los maestros de obra son los jueces. Que no olvide el legislador que el único arquitecto del sistema es el pueblo soberano.

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Las sociedades de gestión se sienten amenazadas. Atribuyen el informe del CNC a “intereses ocultos” y recuerdan que un informe encargado por el Ministerio de Administraciones Públicas en 2008 dejaba claro que la gestión colectiva era el mejor de los sistemas posibles. Manuel Medina, el presidente de la recién constituida Ibercrea, que agrupa a cuatro sociedades de gestión -AGEDI, AIE, CEDRO y SGAE- señala que se trata en todo caso de un “monopolio impropio”, es decir, sólo este tipo de entidades pueden gestionar colectivamente estos derechos de propiedad intelectual, pero no existe númerus clausus, puesto que Cultura puede autorizar nuevas entidades y la asociación a las mismas no es obligatoria.

Derechos de autor, que no derecho al monopolio
El País — Ramón Muñoz — 05/02/2010

En El País aderezan la noticia con un textito que titulan “La teoría del plagio permanente“, en la que relatan la discusión mantenida entre Rodríguez Ibarra y Muñoz Molina a cerca de los derechos de autor: «Siguiendo esta original teoría del plagio permanente podría colegirse que los políticos no deberían tampoco ser retribuidos por legislar puesto que todas las leyes se apoyan en otras anteriores, hasta remontarse al código de Hammurabi.»

Nuestra primera impresión al leerlo fue que el mensaje era antiguo y dando vueltas de reenviado a reenviado seguía circulando. Pero no: los editores con el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) a la cabeza vuelven a la carga con una reivindicación ya clásica que empezó en 2004. En aquel momento ya se explicaba que cuando una biblioteca compra un libro abona los correspondientes derechos de autor, pero para los editores esto no es suficiente.

En 2006 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) condenaba a España por no eximir del canon a las bibliotecas públicas. Así la UE condenaba a España a pagar 300.000 euros de multa diaria si no aplicaba el canon ya vigente en otros países europeos. Entonces se fijó el canon en 20 céntimos de euro por ejemplar prestado, quedando eximidas las bibliotecas de municipios de menos de 5.000 habitantes. Ese dinero sería pagado por la administración y los propietarios de las bibliotecas privadas y recaudado por las entidades de gestión de derechos.

En noviembre de 2009, CEDRO anunciaba el primer reparto de dinero en concepto de derechos por prestamo de obras entre los autores de éstas, correspondientes a los prestamos efectuados en 2007. 489.978,26 euros recaudados por las obras de 21.668 escritores. Recibieron el dinero aquellos adscritos a la entidad gestora y de los que no lo estaban, los que lo reclamasen, unos 21.000 autores; el resto se lo quedó CEDRO y se repartirá junto a la partida de 2008, en el caso de los autores lo reclamen, según el Reglamento de reparto de la remuneración por préstamo.

El pasado 20 de enero los editores presentaron su propuesta ante la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso. Según CEDRO las únicas administraciones que han pagado los derechos de prestamo por 2008 son la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Cultura y el Gobierno de Navarra, así que piden un endurecimiento del canon. Por otro lado, exigen restringir las revistas de prensa y press clipings para que no se puedan amparar en el derecho de cita y aumentar su compensación. Juan Varela desgrana el tema en Periodistas 21:

Cedro penaliza el mercado digital sin que los editores hayan aprovechado sus posibilidades. La entidad de gestión cobra diez céntimos por página a los usuarios privados y 20 si es escaneada. Tarifas que en el primer caso incitan a adquirir el libro en lugar de fotocopiarlo y en el segundo a protegerse de la copia digital.

Los artículos periodísticos cotizan a 0,025 euros por página o a 0,02 euros por artículo si es para una revista de prensa digital, para los que los derechos se multiplican si se copian más artículos de una misma publicación.

Cedro también cobra tarifas a empresas (nueve euros por año), a colegios (2,65 euros en primaria y 3,74 en secundaria) y a las universidades: 4,12 euros.

A la gestora de derechos no le parecen suficientes para financiar un sector fuerte que además recibe numerosas ayudas y subvenciones tanto del Ministerio de Cultura como de los gobiernos autonómicos, ayuntamientos, etc.

Según las últimas cifras disponibles, en 2007 Cedro recaudó 43 millones de euros por derechos de autor para sus 13.000 miembros.

Ni un paso atrás. Ese es el mensaje que le ha lanzado la industria cultural al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en relación a la legislación para el control de las descargas de Internet que prepara el Ejecutivo.

El sector cultural en pleno (discográficas, productoras, editoras, videojuegos y otros) mantuvo un cónclave del que salió una carta abierta a Zapatero, en la que le exigen que mantenga la polémica disposición final del anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible y que autoriza el bloqueo de webs de enlaces a contenidos protegidos por derechos de autor por parte de una comisión administrativa, sin autorización judicial previa.

La industria cultural exige a Zapatero la ‘ley antidescargas’
El País — Ramón Muñoz — 19/12/2009

La carta se escribe después de que el presidente del Ejecutivo, ante la revuelta digital que suscitó el proyecto en algunos grupos relacionados con la Red, intentara aplacar los ánimos señalando que “no se cerraría ninguna web”, aunque ni él, ni ningún otro miembro del Ejecutivo haya afirmado que vayan a retirar la polémica disposición final.

El presidente de la Coalición de Creadores, Aldo Olcese, calificó como “de mínimos” la llamada ley antidescargas. “El Gobierno debe ser sensible a las peticiones de la industria cultural. Y exigimos que las medidas que adopten sean efectivas; lo que no estamos dispuestos a aceptar es que se haga algo de cara a la galería, que no tenga efectividad y que no sirva para luchar contra la piratería”.

Entretanto, el Gobierno ha aplazado hasta el último Consejo de Ministros la presentación de las conclusiones de la comisión interministerial sobre la lucha contra las descargas no autorizadas.

Pregunta. ¿Qué plantea la reforma del Gobierno?

Respuesta. Aparentemente, la defensa de la propiedad intelectual, pero esto es mentira, porque un enlace no la vulnera, así que, con esta excusa, se promueve la creación de un órgano administrativo del Ministerio de Cultura que puede cerrar una web y decidir cuándo y en qué condiciones se puede recurrir dicha decisión ante un juez.

P. Por enlazar mi blog con el sitio donde se puede ver mi serie favorita, ¿me cortarán la Red?

R. En principio dependerá de si el blog tiene o no anuncios, pero tampoco es definitivo. Si por lucro entendemos lo que la industria propone (cualquier utilidad), cabe que aleguen que la mera publicidad personal supone tal ánimo. Peores alegaciones he visto en escritos al juzgado en casos de webs de enlaces.

P. ¿Podría suponer el cierre de Google y de otros medios?

R. Así es. El anteproyecto, de llegar a ley, permitiría el cierre de las páginas que enlazan a sitios de descargas. Pero ¿a cuántos clics de distancia? Facilita tanto las descargas la web de enlaces a archivos P2P como cualquier sitio que enlace a ésta. Como la referencia del anteproyecto es a la propiedad intelectual en general, la mera publicación de una foto o una cita sin permiso de su autor permite el cierre de una web.

“Un enlace no vulnera la propiedad intelectual porque ni copia, ni distribuye, ni difunde”
El País — 10/12/2009

P. ¿Qué es un enlace?

R. Una información que señala a otra información diferente y de la que sirve como índice. Por ejemplo, son enlaces la parrilla de televisión o la cartelera que leemos en un periódico, las fichas de libros en una biblioteca pública, el catálogo de libros de bolsillo en una librería… Un enlace no vulnera la propiedad intelectual porque ni copia, ni distribuye, ni difunde ni transforma la obra. Hace esto sin permiso del autor son las infracciones de propiedad intelectual, actividades que nunca se dan con el enlace.

P. ¿Qué diferencia hay entre el buscador y una web de enlaces?

R. Un buscador es un generador de páginas de enlaces. Todo buscador web tiene dos partes diferenciadas: un formulario para introducción de datos por parte del usuario y un resultado, en forma de web de enlaces.

P. Que una comisión de Cultura, sin intervención del juez, decida si la página es cerrada, ¿qué leyes vulnera?

R. La separación de poderes, algo por lo que el poder ejecutivo ha sentido fascinación histórica. Ya no es qué ley viola, sino qué espíritu se implanta como modelo legislativo, y no es otro que el de regímenes autoritarios. Este anteproyecto no es más que otro grano de arena en un mundo con un grave déficit democrático. Un sistema autoritario viola no una, sino muchas leyes.

P. ¿Cómo se debe proteger la propiedad intelectual en la Red?

R. Hay que diferenciar dos cuestiones: si existe una ley para protegerla y si es eficaz. Si bien existe una ley, ésta es eficaz para un mundo atómico, pero no en el de los bits. Dudo que se logre una ley eficaz sin intervención de las comunicaciones, puesto que Internet es una copiadora de tamaño global y pretender que eso se pueda parar sin intervenir las comunicaciones es de ingenuos. Estamos presenciando la muerte de todo un sistema político y productivo, hallándose políticos y productoras de obras unidos por los mismos intereses, que son los de retrasar la muerte del sistema hasta que se hallen posicionados en el nuevo.

P. ¿Qué está fallando?

R. Nada. Hay un grupo de interés económico que genera datos falsos. Hay unos gobiernos que usan dichos datos para justificar las peticiones del lobby de la industria y a su vez ocultan o manipulan los datos en su poder. Y hay una ciudadanía cabreada a la que primero le han quitado el pan, ahora le están quitando el circo y piensa que todo es una estafa sostenida por los medios de comunicación oligopólicos.

P. ¿Quién es responsable de la descarga de contenidos?

R. Entre otros, Leibniz, que inventó el código binario y abrió la espita de lo que está ocurriendo ahora; Shannon, que nos enseñó a medir la información; Sony, que con el walkman nos acostumbró a ser portadores de música; las empresas de telecomunicaciones; los fabricantes de hardware; las productoras, que sabiendo que sus obras van a ser descargadas, siguen produciéndolas, y los usuarios, que usamos la tecnología que nos brinda nuestra era vital.

Ahora la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, que hasta ahora no había visto incompatibles el proyecto de la SGAE y la condición de Bien de Interés Cultural del palacio, no ha tenido más remedio que paralizarlo porque se han encontrado restos arqueológicos bajo el palacio. Demasiado patrimonio junto.

…el palacio seguirá siendo lo que es, después de que la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid haya encontrado restos arqueológicos en el subsuelo. La Sociedad General de Autores iba a establecer allí su sede central, no sin polémica, ya que se iba a modificar por completo la obra original del edificio neoclásico, construido por Ventura Rodríguez y fechado en 1795.

La construcción tenía la vitola de Bien de Interés Cultural y declarado monumento histórico-artístico en 1974, pero la SGAE planeaba modificarla añadiendo 9.500 metros cuadrados a los 6.000 ya existentes, publica El Mundo. Además, se iba a trasladar allí el Centro de Estudios e Investigación, la sede de la Fundación Autor, el Instituto Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU) y el Instituto de Derecho de Autor.

Aguirre paraliza los planes de la SGAE de establecerse en un palacio histórico
Libertad Digital — 06/12/2009

La SGAE pretendía, en definitiva, violar los preceptos que defienden ese tipo de edificaciones, y que impiden modificarlas salvo para obras de conservación, restauración y mantenimiento. Bautista tenía planes para, también, construir un auditorio, ascensores donde ahora hay escaleras históricas, y usar las reales dependencias para oficinas, según El Mundo.

La decisión del órgano llega mientras el TS prepara su sentencia. Porque a petición de una agrupación local (Alternativa por Boadilla), el alto tribunal investiga si la adjudicación del Palacio se hizo conforme a la ley, explica El Mundo. Y es que el documento suscrito entre el ayuntamiento de Arturo González Panero, impuntado en el caso Gürtel- y la entidad de Bautista recogía que sólo se haría uso de las instalaciones para “actividades socioculturales”.