1. Los abajo firmantes trabajamos en el ámbito de la cultura desarrollando diferentes actividades. Algunos pertenecemos a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), otros a otras entidades de gestión de derechos de autor, otros a ninguna entidad. Todos compartimos preguntas similares y un medio común de trabajo: la producción de cultura y conocimiento.

2. El pasado viernes, día 1 de julio, asistimos al encarcelamiento para su interrogatorio del presidente de la Sociedad General de Autores y Editores y de otros seis miembros de su junta directiva. El domingo día 3, dicho presidente y otras dos personas de la junta salieron en libertad sin fianza acusados de graves cargos de corrupción.

3. Quienes firmamos este manifiesto creemos que todo el mundo tiene derecho a un juicio justo y a que se respete la presunción de inocencia. Un derecho que, lamentablemente, la propia SGAE no ha respetado en el pasado llevando a cabo campañas de acusaciones públicas contra particulares, medios de comunicación, abogados, empresas, otras entidades de gestión de derechos de autor, asociaciones, colectivos e incluso una parte importante de la sociedad civil. Por ese motivo, los abajo firmantes no vamos a opinar sobre la culpabilidad o inocencia de ninguno de los imputados. Eso lo tienen que decidir los jueces. Sin embargo, la situación que afrontamos no nace de la nada. Al contrario, viene determinada por un modelo de organización de las entidades de gestión de derechos, de concepción de la propiedad intelectual y, en definitiva, de un modelo cultural al completo que hoy está definitivamente en crisis.

4. Los espacios para discutir los mecanismos para abordar esta crisis por parte de quienes trabajamos en las llamadas “industrias culturales” han sido prácticamente inexistentes. Las entidades de gestión que (como la SGAE) han construido un discurso sobre estas cuestiones lo han hecho en nombre de la totalidad de los autores, sin haber establecido mecanismos de participación y consulta de los mismos. Las administraciones públicas han permitido de forma sistemática que espacios que no estaban elegidos democráticamente se erigieran como representantes de un colectivo complejo, difuso y con una multitud de puntos de vista.

5. El discurso que se ha producido desde estos espacios (entidades de gestión, asociaciones profesionales y el propio Ministerio de Cultura) ha sido exclusivamente uno: la criminalización de gran parte de la sociedad, lo cual ha provocado una ruptura profunda entre dicha sociedad y quienes trabajamos en el ámbito de la cultura.

6. Quienes firmamos este manifiesto creemos que ninguna de esas medidas han detenido la transformación radical del modelo cultural que se viene produciendo desde hace tiempo, tan solo han contribuido a hacer más intensa la fractura social en relación a la cultura. No han resuelto ninguno de los problemas que supuestamente debían resolver y han generado problemas nuevos.

7. En estos momentos, todos los supuestos responsables de afrontar este cambio de paradigma están absolutamente deslegitimados ante la ciudadanía. Ni el Ministerio de Cultura, ni la clase política, ni las entidades de gestión, ni las asociaciones profesionales pueden seguir encargándose de la gestión de esta situación.

8. Quienes firmamos este manifiesto creemos que existe una responsabilidad directa por nuestra parte en este estado de cosas. Hemos mantenido un silencio que ha contribuido a legitimar como generales lo que no son sino opiniones particulares. Reconocemos también que no sabemos cuál es la solución. No sabemos dónde está la respuesta, pero queremos abordar la pregunta junto con la ciudadanía: ¿cómo queremos gestionar los derechos de autor?

9. Las prácticas con las que se ha criminalizado a la sociedad en los últimos años son prácticas que nosotros mismos llevamos a cabo (compartimos contenidos a través de redes P2P, copiamos y ayudamos a otros a copiar, accedemos a material descatalogado nunca distribuido en nuestro país, a obras fuera de nuestro alcance, etc.), que consideramos fundamentales no solo desde un punto de vista de acceso a la cultura, sino incluso para el desarrollo de nuestro propio trabajo. Sabemos también que con reconocer esa legitimidad en los usos no es suficiente. No resuelve el problema que afrontamos, que es un problema también de remuneración, de derechos sociales, de participación ciudadana, de apoyo público a la creación, de condiciones laborales y de concepción de todo un modelo económico y social, frente a un modelo de gestión de los derechos de autor, como el que defiende la SGAE, que privilegia a una oligarquía de estrellas mediáticas a costa de la gran masa de los trabajadores de la cultura y el conocimiento.

10. Mientras tanto, dejaremos que los jueces y abogados hagan su trabajo, pero no en silencio. Diciendo claramente que los hechos por los que van a ser juzgadas todas estas personas no son hechos aislados de un contexto, sino que, al contrario, nacen de él. Y que nuestra responsabilidad, más allá del trabajo de la ley, es transformar ese contexto.

Emplazamos a la apertura de un debate público profundo sobre la función y los modelos de gestión de los derechos de autor en nuestra sociedad. Las respuestas no son fáciles, tardarán en llegar. Pero nos comprometemos a explorar los caminos y experimentar las posibles soluciones. Eso es que lo siempre pensamos que era la cultura, el lugar en el que hacernos preguntas.

Manifiesto redactado por diversos individuos y colectivos. Puedes adherirte en ladinamo.org/manifiesto

La tarde del sábado 16 enero un ataque informático realizado por ciberactivistas identificados con el movimiento Anonymous bloqueó las páginas web del Senado, del Partido Popular y de la embajada de EE.UU. en Madrid, en protesta por la Ley Sinde, la famosa norma contenida en una disposición de la Ley de Economía Sostenible que contempla la creación de un órgano administrativo (la Comisión de Propiedad Intelectual) que tendría la potestad, previa autorización judicial, de cerrar páginas web que faciliten sin autorización contenidos protegidos por derechos de autor.

En reacción a esta intervención y al ruido que obtuvo, la ministra Sinde decidió expresar su posición en una larga declaración en el diario El País. Desde “El adversario es otro”:

[...] Los ciudadanos del siglo XXI tenemos la percepción no solo de que Internet es nuestro, sino de que nuestras opiniones cuentan más allí que en el espacio físico donde desarrollamos nuestras insatisfechas vidas. Podría decirse incluso que para muchos sus vidas virtuales son mejores que las reales. O al menos que su presencia, su mera existencia, cuenta mucho más. Internet nos ofrece alternativas a la realidad que podemos construir con nuestras manos. Durante el rato que estamos conectados, dejamos de ser meros consumidores para volver a ser, como antaño, productores de algo con lo que identificarnos. (…)

La revolución social se hará por la Red o no se hará, parecen creer muchos, sobre todo esos jóvenes hastiados de una sociedad en la que no se reconocen y en la que encuentran poco o ningún espacio para la expresión y la participación.

Hasta aquí todo se entiende. Lo que quizá sorprenda a un observador del futuro que mire atrás es el antagonismo que, al menos en nuestro país, el debate de Internet ha generado: gente de la cultura versus gente de la tecnología. Los derechos de autor son vistos como palos en las ruedas que solo detienen el avance del progreso, el avance hacia ese cambio social democrático e igualitario, hacia esa transmisión del saber y de nuevos valores que tanto necesitamos y que la Red parece propulsar. (…)

Las palabras de la ministra hostigaron comentarios críticos en todos los social network, sobre todo en Twitter, donde al hastag #leysinde ofrece cada minuto nuevas contestaciones a su exposición de ideas.

Alguien intenta responder punto a punto a sus afirmaciones, defendiendo el derecho de cualquiera a convertirse en productor de ideas e información en internet, otros se sorprenden de lo poco que sabe el Gobierno sobre el funcionamiento de la red, opinando que la posición de la ministra es de autentico miedo, como ocurre cuando se enfrenta algo desconocido.

En ese último caso me refiero a Amador Fernández-Savater, coeditor de Acuarela Libros, que fue invitado el 7 de enero a una cena – reunión con la ministra de Cultura y otras figuras relevantes de la industria cultural española para hablar sobre la Ley Sinde, en la cual se encontraba solo en la defensa de una posición en línea con los movimientos copyleft/cultura libre. El editor cuenta:

[...] Ciertamente, hay una pregunta que nos hacemos todos(1) y que tal vez podría ser un frágil hilo común entre las distintas posiciones en juego en este conflicto: ¿cómo pueden los trabajadores de la cultura vivir de su trabajo hoy en día?

Lo que pasa es que algunos nos preguntamos cómo podemos vivir los trabajadores de la cultura de nuestro trabajo pero añadiendo (entre otras muchas cosas): en un mundo que es y será infinitamente copiable y reproducible (¡viva!). Y hay otros que encierran su legítima preocupación en un marco de interpretación estrechísimo: la industria cultural, el autor individual y propietario, la legislación actual de la propiedad intelectual, etc. O sea el problema no es el temor y la preocupación, sino el marco que le da sentido. Ese marco tan estrecho nos atrapa en un verdadero callejón sin salida en el que sólo se puede pensar cómo estiramos lo que ya hay. Y mucho me temo que la única respuesta posible es: mediante el miedo. Responder al miedo con el miedo, tratar de que los demás prueben el miedo que uno tiene. Ley, represión, castigo. Lo expresó muy claramente alguien en la reunión, refiriéndose al modelo americano para combatir las descargas: “Eso es, que al menos la gente sienta miedo”. Me temo que esa es la educación para la ciudadanía que nos espera si no aprendemos a mirar desde otro marco.

Este post azuzó comentarios de todo tipo, e intensificó aun más el debate: salió del lugar de origen para propagarse por todos los medios, como nos recuerda Público en su artículo “Sería deseable una moratoria de la ley Biden-Sinde”, donde se resumen las posiciones de Amador Fernández-Savater frente al tema, ahora que parte de la Red le ha puesto encima el papel de portavoz. Sin embargo, lo que sería de veras más deseable, es que la ministra Sinde no se preocupase sólo de  la repercusión mediática de los escritos de editores “contracorriente”, sino que en eso viera la oportunidad de plantear una reflexión más compartida sobre el tema y sobre todo estuviera dispuesta a escuchar a la sociedad civil que quiere expresar su opinión y para hacerlo utiliza precisamente los medios que ella tanto quiere defender.

…el palacio del Infante don Luis, diseñado por Ventura Rodríguez en el siglo XVIII, tendrá finalmente uso público y cultural y no se traspasará a ninguna entidad privada.

El Ayuntamiento de Boadilla rescindió a finales de mayo el contrato que firmó con la SGAE en 2006 para que el palacio acogiera la sede de la Fundación Autor. Se basó en la “inadecuación” del proyecto presentado por la SGAE a las “especificaciones técnicas” marcadas por la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad, que consideró que el proyecto no era viable por los restos arqueológicos hallados en los jardines.

Más en El País.

Por su parte, el estudio anual Televidente 2.0, elaborado por The Cocktail Analysis, desvela que «en el retroceso de la descarga está influyendo el aumento del “streaming”, que sube hasta un 50% de internautas que usa esta forma de visionado para acceder a contenidos de su interés. El consumo en “streaming” llega a una media de 6,5 horas a la semana.» Además, «las webs de las televisiones experimentan un mayor consumo de sus videos, ya que un 53% de internautas ve estos contenidos en ellas mensualmente.»

Aunque desde enfoques distintos, lo que vienen a decir los dos estudios es que la demanda de contenidos audiovisuales crece a un ritmo vertiginoso ahora que tiene internet como plataforma de difusión, dato que podría intuirse sin necesidad de estudio alguno.

Las organizaciones dedicadas a salvaguardar los beneficios económicos del actual modelo de la industria de contenidos tienen más público potencial que nunca. Ya solo les falta dejar de quejarse y ponerse a buscar la manera de captar ese público. Según Eduardos Arcos, si una página web da un servicio con la calidad suficiente a la gente no le importa pagar por él.

Genial metaparodia que hace explícito este recurso para poder ampararse en el derecho de parodia y así garantizar la legalidad del vídeo. La productora de la película ha solicitado, por supuesto, la retirada de la multitud de vídeos que corren desde hace unos días por la red y que utilizan las escenas, añadiéndoles subtítulos que ponen en boca del führer desde la piratería hasta los problemas de Cristiano Ronaldo.

Al tradicional trasiego de apuntes y fotocopias se han sumado los archivos adjuntos en correos electrónicos, los lápices de memoria o los enlaces de descargas. Los profesores envían bibliografía (en la mayoría de los casos obras de literatura y manuales universitarios) a sus alumnos y estos se intercambian archivos entre sí.

Así definen los representantes de CEDRO en una entrevista concedida a El País las actividades ilícitas que tienen lugar en las universidades españolas. Otros observadores menos dotados quizás percibirían una actividad universitaria clásica: la del intercambio de conocimiento, porque al fin y al cabo, ¿Qué son las universidades sino centros de intercambio de conocimiento?

El Centro Español de Derechos Reprográficos está tomando el relevo de la SGAE en la cruzada por mantener un modelo económico encubierto como derecho, y lo está haciendo de manera tan desfasada como lo está su propio nombre. Derechos reprográficos…

Nuestra Ministra de Cultura, con tratamiento de Excelentísima Señora, vuelve a su excelencia y, justo el día en que recibo el borrador de la declaración de la Renta, se saca de la manga un estudio sobre el libro electrónico que aconseja a los autores no utilizar licencias creative commons… excelente…

Más en La Aldea Irreductible.

Actualicen su lista particular de barbaridades made in Sinde.

El sistema de enlaces constituye la base misma de Internet. Con estas palabras, mediante las que es imposible resumir una sentencia histórica, D. Raúl N. García Orejudo, Magistrado titular del Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona, ha establecido un punto de partida para el futuro de la Internet española.

No puedo ser objetivo, dado que representé en el juicio a Jesús Guerra, titular del sitio web www.elrincondejesus.com, sosteniendo la argumentación jurídica que previamente había sido desarrollada en la contestación a la demanda por mi colega, socio, y sin embargo amigo Javier Maestre Rodríguez.

No puedo ser objetivo, dado que llevo muchos años sosteniendo que Internet es el futuro, y que legislar en contra de Internet es la mejor forma que tiene cualquier partido de asegurarse por la vía rápida su tumba electoral.No puedo ser objetivo, porque junto a compañeros de la talla humana y profesional de David Bravo y Javier de la Cueva, he tenido que ver cómo se ceba el poder político y económico en los más débiles, en aquellos que sostienen con coraje el pulso sobre el que se está levantando la futura sociedad del conocimiento.

No puedo ser objetivo, porque durante mucho tiempo, desde la histórica sentencia del Tribunal del Distrito Este de Pensilvania, por la que se declaró inconstitucional la primera ley contra Internet, los españoles hemos mirado con envidia hacia el otro lado del Atlántico. A partir de ahora, la referencia para los defensores estadounidenses de las libertades civiles será la sentencia dictada por un juez español.

Internet, como todas las grandes gestas del género humano, es una obra colectiva que construimos a diario entre todos. En los juicios que han marcado su devenir histórico, los abogados somos simples albañiles: los maestros de obra son los jueces. Que no olvide el legislador que el único arquitecto del sistema es el pueblo soberano.

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Las sociedades de gestión se sienten amenazadas. Atribuyen el informe del CNC a “intereses ocultos” y recuerdan que un informe encargado por el Ministerio de Administraciones Públicas en 2008 dejaba claro que la gestión colectiva era el mejor de los sistemas posibles. Manuel Medina, el presidente de la recién constituida Ibercrea, que agrupa a cuatro sociedades de gestión -AGEDI, AIE, CEDRO y SGAE- señala que se trata en todo caso de un “monopolio impropio”, es decir, sólo este tipo de entidades pueden gestionar colectivamente estos derechos de propiedad intelectual, pero no existe númerus clausus, puesto que Cultura puede autorizar nuevas entidades y la asociación a las mismas no es obligatoria.

Derechos de autor, que no derecho al monopolio
El País — Ramón Muñoz — 05/02/2010

En El País aderezan la noticia con un textito que titulan “La teoría del plagio permanente“, en la que relatan la discusión mantenida entre Rodríguez Ibarra y Muñoz Molina a cerca de los derechos de autor: «Siguiendo esta original teoría del plagio permanente podría colegirse que los políticos no deberían tampoco ser retribuidos por legislar puesto que todas las leyes se apoyan en otras anteriores, hasta remontarse al código de Hammurabi.»

Nuestra primera impresión al leerlo fue que el mensaje era antiguo y dando vueltas de reenviado a reenviado seguía circulando. Pero no: los editores con el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) a la cabeza vuelven a la carga con una reivindicación ya clásica que empezó en 2004. En aquel momento ya se explicaba que cuando una biblioteca compra un libro abona los correspondientes derechos de autor, pero para los editores esto no es suficiente.

En 2006 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) condenaba a España por no eximir del canon a las bibliotecas públicas. Así la UE condenaba a España a pagar 300.000 euros de multa diaria si no aplicaba el canon ya vigente en otros países europeos. Entonces se fijó el canon en 20 céntimos de euro por ejemplar prestado, quedando eximidas las bibliotecas de municipios de menos de 5.000 habitantes. Ese dinero sería pagado por la administración y los propietarios de las bibliotecas privadas y recaudado por las entidades de gestión de derechos.

En noviembre de 2009, CEDRO anunciaba el primer reparto de dinero en concepto de derechos por prestamo de obras entre los autores de éstas, correspondientes a los prestamos efectuados en 2007. 489.978,26 euros recaudados por las obras de 21.668 escritores. Recibieron el dinero aquellos adscritos a la entidad gestora y de los que no lo estaban, los que lo reclamasen, unos 21.000 autores; el resto se lo quedó CEDRO y se repartirá junto a la partida de 2008, en el caso de los autores lo reclamen, según el Reglamento de reparto de la remuneración por préstamo.

El pasado 20 de enero los editores presentaron su propuesta ante la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso. Según CEDRO las únicas administraciones que han pagado los derechos de prestamo por 2008 son la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Cultura y el Gobierno de Navarra, así que piden un endurecimiento del canon. Por otro lado, exigen restringir las revistas de prensa y press clipings para que no se puedan amparar en el derecho de cita y aumentar su compensación. Juan Varela desgrana el tema en Periodistas 21:

Cedro penaliza el mercado digital sin que los editores hayan aprovechado sus posibilidades. La entidad de gestión cobra diez céntimos por página a los usuarios privados y 20 si es escaneada. Tarifas que en el primer caso incitan a adquirir el libro en lugar de fotocopiarlo y en el segundo a protegerse de la copia digital.

Los artículos periodísticos cotizan a 0,025 euros por página o a 0,02 euros por artículo si es para una revista de prensa digital, para los que los derechos se multiplican si se copian más artículos de una misma publicación.

Cedro también cobra tarifas a empresas (nueve euros por año), a colegios (2,65 euros en primaria y 3,74 en secundaria) y a las universidades: 4,12 euros.

A la gestora de derechos no le parecen suficientes para financiar un sector fuerte que además recibe numerosas ayudas y subvenciones tanto del Ministerio de Cultura como de los gobiernos autonómicos, ayuntamientos, etc.

Según las últimas cifras disponibles, en 2007 Cedro recaudó 43 millones de euros por derechos de autor para sus 13.000 miembros.