1. Los abajo firmantes trabajamos en el ámbito de la cultura desarrollando diferentes actividades. Algunos pertenecemos a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), otros a otras entidades de gestión de derechos de autor, otros a ninguna entidad. Todos compartimos preguntas similares y un medio común de trabajo: la producción de cultura y conocimiento.

2. El pasado viernes, día 1 de julio, asistimos al encarcelamiento para su interrogatorio del presidente de la Sociedad General de Autores y Editores y de otros seis miembros de su junta directiva. El domingo día 3, dicho presidente y otras dos personas de la junta salieron en libertad sin fianza acusados de graves cargos de corrupción.

3. Quienes firmamos este manifiesto creemos que todo el mundo tiene derecho a un juicio justo y a que se respete la presunción de inocencia. Un derecho que, lamentablemente, la propia SGAE no ha respetado en el pasado llevando a cabo campañas de acusaciones públicas contra particulares, medios de comunicación, abogados, empresas, otras entidades de gestión de derechos de autor, asociaciones, colectivos e incluso una parte importante de la sociedad civil. Por ese motivo, los abajo firmantes no vamos a opinar sobre la culpabilidad o inocencia de ninguno de los imputados. Eso lo tienen que decidir los jueces. Sin embargo, la situación que afrontamos no nace de la nada. Al contrario, viene determinada por un modelo de organización de las entidades de gestión de derechos, de concepción de la propiedad intelectual y, en definitiva, de un modelo cultural al completo que hoy está definitivamente en crisis.

4. Los espacios para discutir los mecanismos para abordar esta crisis por parte de quienes trabajamos en las llamadas “industrias culturales” han sido prácticamente inexistentes. Las entidades de gestión que (como la SGAE) han construido un discurso sobre estas cuestiones lo han hecho en nombre de la totalidad de los autores, sin haber establecido mecanismos de participación y consulta de los mismos. Las administraciones públicas han permitido de forma sistemática que espacios que no estaban elegidos democráticamente se erigieran como representantes de un colectivo complejo, difuso y con una multitud de puntos de vista.

5. El discurso que se ha producido desde estos espacios (entidades de gestión, asociaciones profesionales y el propio Ministerio de Cultura) ha sido exclusivamente uno: la criminalización de gran parte de la sociedad, lo cual ha provocado una ruptura profunda entre dicha sociedad y quienes trabajamos en el ámbito de la cultura.

6. Quienes firmamos este manifiesto creemos que ninguna de esas medidas han detenido la transformación radical del modelo cultural que se viene produciendo desde hace tiempo, tan solo han contribuido a hacer más intensa la fractura social en relación a la cultura. No han resuelto ninguno de los problemas que supuestamente debían resolver y han generado problemas nuevos.

7. En estos momentos, todos los supuestos responsables de afrontar este cambio de paradigma están absolutamente deslegitimados ante la ciudadanía. Ni el Ministerio de Cultura, ni la clase política, ni las entidades de gestión, ni las asociaciones profesionales pueden seguir encargándose de la gestión de esta situación.

8. Quienes firmamos este manifiesto creemos que existe una responsabilidad directa por nuestra parte en este estado de cosas. Hemos mantenido un silencio que ha contribuido a legitimar como generales lo que no son sino opiniones particulares. Reconocemos también que no sabemos cuál es la solución. No sabemos dónde está la respuesta, pero queremos abordar la pregunta junto con la ciudadanía: ¿cómo queremos gestionar los derechos de autor?

9. Las prácticas con las que se ha criminalizado a la sociedad en los últimos años son prácticas que nosotros mismos llevamos a cabo (compartimos contenidos a través de redes P2P, copiamos y ayudamos a otros a copiar, accedemos a material descatalogado nunca distribuido en nuestro país, a obras fuera de nuestro alcance, etc.), que consideramos fundamentales no solo desde un punto de vista de acceso a la cultura, sino incluso para el desarrollo de nuestro propio trabajo. Sabemos también que con reconocer esa legitimidad en los usos no es suficiente. No resuelve el problema que afrontamos, que es un problema también de remuneración, de derechos sociales, de participación ciudadana, de apoyo público a la creación, de condiciones laborales y de concepción de todo un modelo económico y social, frente a un modelo de gestión de los derechos de autor, como el que defiende la SGAE, que privilegia a una oligarquía de estrellas mediáticas a costa de la gran masa de los trabajadores de la cultura y el conocimiento.

10. Mientras tanto, dejaremos que los jueces y abogados hagan su trabajo, pero no en silencio. Diciendo claramente que los hechos por los que van a ser juzgadas todas estas personas no son hechos aislados de un contexto, sino que, al contrario, nacen de él. Y que nuestra responsabilidad, más allá del trabajo de la ley, es transformar ese contexto.

Emplazamos a la apertura de un debate público profundo sobre la función y los modelos de gestión de los derechos de autor en nuestra sociedad. Las respuestas no son fáciles, tardarán en llegar. Pero nos comprometemos a explorar los caminos y experimentar las posibles soluciones. Eso es que lo siempre pensamos que era la cultura, el lugar en el que hacernos preguntas.

Manifiesto redactado por diversos individuos y colectivos. Puedes adherirte en ladinamo.org/manifiesto

La tarde del sábado 16 enero un ataque informático realizado por ciberactivistas identificados con el movimiento Anonymous bloqueó las páginas web del Senado, del Partido Popular y de la embajada de EE.UU. en Madrid, en protesta por la Ley Sinde, la famosa norma contenida en una disposición de la Ley de Economía Sostenible que contempla la creación de un órgano administrativo (la Comisión de Propiedad Intelectual) que tendría la potestad, previa autorización judicial, de cerrar páginas web que faciliten sin autorización contenidos protegidos por derechos de autor.

En reacción a esta intervención y al ruido que obtuvo, la ministra Sinde decidió expresar su posición en una larga declaración en el diario El País. Desde “El adversario es otro”:

[...] Los ciudadanos del siglo XXI tenemos la percepción no solo de que Internet es nuestro, sino de que nuestras opiniones cuentan más allí que en el espacio físico donde desarrollamos nuestras insatisfechas vidas. Podría decirse incluso que para muchos sus vidas virtuales son mejores que las reales. O al menos que su presencia, su mera existencia, cuenta mucho más. Internet nos ofrece alternativas a la realidad que podemos construir con nuestras manos. Durante el rato que estamos conectados, dejamos de ser meros consumidores para volver a ser, como antaño, productores de algo con lo que identificarnos. (…)

La revolución social se hará por la Red o no se hará, parecen creer muchos, sobre todo esos jóvenes hastiados de una sociedad en la que no se reconocen y en la que encuentran poco o ningún espacio para la expresión y la participación.

Hasta aquí todo se entiende. Lo que quizá sorprenda a un observador del futuro que mire atrás es el antagonismo que, al menos en nuestro país, el debate de Internet ha generado: gente de la cultura versus gente de la tecnología. Los derechos de autor son vistos como palos en las ruedas que solo detienen el avance del progreso, el avance hacia ese cambio social democrático e igualitario, hacia esa transmisión del saber y de nuevos valores que tanto necesitamos y que la Red parece propulsar. (…)

Las palabras de la ministra hostigaron comentarios críticos en todos los social network, sobre todo en Twitter, donde al hastag #leysinde ofrece cada minuto nuevas contestaciones a su exposición de ideas.

Alguien intenta responder punto a punto a sus afirmaciones, defendiendo el derecho de cualquiera a convertirse en productor de ideas e información en internet, otros se sorprenden de lo poco que sabe el Gobierno sobre el funcionamiento de la red, opinando que la posición de la ministra es de autentico miedo, como ocurre cuando se enfrenta algo desconocido.

En ese último caso me refiero a Amador Fernández-Savater, coeditor de Acuarela Libros, que fue invitado el 7 de enero a una cena – reunión con la ministra de Cultura y otras figuras relevantes de la industria cultural española para hablar sobre la Ley Sinde, en la cual se encontraba solo en la defensa de una posición en línea con los movimientos copyleft/cultura libre. El editor cuenta:

[...] Ciertamente, hay una pregunta que nos hacemos todos(1) y que tal vez podría ser un frágil hilo común entre las distintas posiciones en juego en este conflicto: ¿cómo pueden los trabajadores de la cultura vivir de su trabajo hoy en día?

Lo que pasa es que algunos nos preguntamos cómo podemos vivir los trabajadores de la cultura de nuestro trabajo pero añadiendo (entre otras muchas cosas): en un mundo que es y será infinitamente copiable y reproducible (¡viva!). Y hay otros que encierran su legítima preocupación en un marco de interpretación estrechísimo: la industria cultural, el autor individual y propietario, la legislación actual de la propiedad intelectual, etc. O sea el problema no es el temor y la preocupación, sino el marco que le da sentido. Ese marco tan estrecho nos atrapa en un verdadero callejón sin salida en el que sólo se puede pensar cómo estiramos lo que ya hay. Y mucho me temo que la única respuesta posible es: mediante el miedo. Responder al miedo con el miedo, tratar de que los demás prueben el miedo que uno tiene. Ley, represión, castigo. Lo expresó muy claramente alguien en la reunión, refiriéndose al modelo americano para combatir las descargas: “Eso es, que al menos la gente sienta miedo”. Me temo que esa es la educación para la ciudadanía que nos espera si no aprendemos a mirar desde otro marco.

Este post azuzó comentarios de todo tipo, e intensificó aun más el debate: salió del lugar de origen para propagarse por todos los medios, como nos recuerda Público en su artículo “Sería deseable una moratoria de la ley Biden-Sinde”, donde se resumen las posiciones de Amador Fernández-Savater frente al tema, ahora que parte de la Red le ha puesto encima el papel de portavoz. Sin embargo, lo que sería de veras más deseable, es que la ministra Sinde no se preocupase sólo de  la repercusión mediática de los escritos de editores “contracorriente”, sino que en eso viera la oportunidad de plantear una reflexión más compartida sobre el tema y sobre todo estuviera dispuesta a escuchar a la sociedad civil que quiere expresar su opinión y para hacerlo utiliza precisamente los medios que ella tanto quiere defender.

No se ha entendido internet. En plata: el negocio editorial de los años 60 y 70, aquel en el que se formaron los actuales responsables de las principales editoriales españoles, está en coma. Más precisamente: ese modelo de negocio va a vivir una decadencia similar a la vivida por las discográficas durante los últimos diez años. Prueba de ello es la confusión (deliberada) entre la versión-digital-de-un-libro-de-papel y el libro digital en sí.

Conservadurismo. …la industria editorial española no pretende aprovechar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, sino tan sólo retrasar la debacle lo máximo posible boicoteando su propio negocio. De momento, las editoriales han empezado ya a recibir devoluciones masivas de sus títulos. En lo que va de 2010, el sector del libro ha perdido 400 millones de euros por las descargas ilegales. El bajón de ventas durante los tres últimos meses ronda el 34% en algunos casos. Ni siquiera el mercado del libro de bolsillo está resistiendo la ola. ¿La culpa? De la crisis y, claro, la piratería. Pero la piratería no es la enfermedad, sino el síntoma. “Hasta ahora, el mercado se había comportado de forma plana”, afirmaba un responsable del Grupo Santillana en las páginas de El País hace apenas unos días. Lo que estaba diciendo en realidad era “no hemos cambiado porque confiábamos en que
todo seguiría igual”.

Corporativistmo. Las librerías morirán porque están centrando todos sus esfuerzos en “resistir” más que en “adaptarse”. Que las editoriales pretendan convertir a los libreros en elementos clave del nuevo negocio editorial digital raya en la crueldad. Las ventas de las librerías tradicionales han caído un 16% durante los tres últimos meses.

Falta imaginación. La industria editorial tiene una ventaja sobre la discográfica: ha tenido tiempo de analizar los desastrosos errores cometidos por esta última. Las discográficas se toparon con Napster y el P2P y creyeron que bastaba con lanzar a sus abogados contra la piratería. Era lógico, no había precedentes, todos habrían actuado igual. Pero los abogados no adaptan tu producto a los nuevos paradigmas tecnológicos y sociales.

Vía meneame.

Actúa con rapidez para evitarlo: exige a las/los representantes y a las bases de tu partido que apoyen las enmiendas para modificar la disposición final de la Ley de Economía Sostenible y muestra tu preocupación ante estos hechos.

Desde diversos ámbitos plurales de la red, planteamos una respuesta contundente y solicitamos tu ayuda para dar la vuelta a esta votación histórica que permitiría cerrar medios de comunicación sin control judicial.

Más información en hacktivistas.net.

Por su parte, el estudio anual Televidente 2.0, elaborado por The Cocktail Analysis, desvela que «en el retroceso de la descarga está influyendo el aumento del “streaming”, que sube hasta un 50% de internautas que usa esta forma de visionado para acceder a contenidos de su interés. El consumo en “streaming” llega a una media de 6,5 horas a la semana.» Además, «las webs de las televisiones experimentan un mayor consumo de sus videos, ya que un 53% de internautas ve estos contenidos en ellas mensualmente.»

Aunque desde enfoques distintos, lo que vienen a decir los dos estudios es que la demanda de contenidos audiovisuales crece a un ritmo vertiginoso ahora que tiene internet como plataforma de difusión, dato que podría intuirse sin necesidad de estudio alguno.

Las organizaciones dedicadas a salvaguardar los beneficios económicos del actual modelo de la industria de contenidos tienen más público potencial que nunca. Ya solo les falta dejar de quejarse y ponerse a buscar la manera de captar ese público. Según Eduardos Arcos, si una página web da un servicio con la calidad suficiente a la gente no le importa pagar por él.

La Software Studies Initiative de la Universidad de California se dedica a estudiar cómo las herramientas disponibles en la red para la producción cultural cambian la propia cultura. Según su director, Lev Manovic

El user-generated content (contenido generado por los usuarios) se ha convertido en uno de los factores de crecimiento más rápidos en el campo de la información. Aproximadamente un 70% del universo digital está creado por individuos. Miles de millones de personas comparten rutinariamente contenido cultural; blogs, fotos, vídeos [...] Paralelamente, el auge de instituciones culturales en muchos países recientemente globalizados ha provocado una multiplicación importante del número de profesionales de la cultura que participan en la producción y discusión cultural. Cientos de miles de estudiantes, artistas y diseñadores tienen ahora acceso a las mismas ideas y herramientas. Ya no es posible hablar en términos de centro y periferia…

Manovic asume que el análisis de esta nueva realidad cultural debe ser complejo, y según las investigaciones de la Software Studies Initiative utilizará como principales herramientas de trabajo las visualizaciones dinámicas de datos.

Allí hemos desarrollado un nuevo paradigma del estudio, enseñanza y presentación pública de los flujos culturales. Lo llamamos Cultural Analytics.

La iniciativa tiene una cuenta de flickr en la que se pueden ver casi quinientas visualizaciones que ya han elaborado.

Vía @mestresbcn

…la extensa conversación global que mantienen millones de internautas en blogs, foros y listas de correo no ha sustituido a la necesidad de reunirse en espacios físicos, sino que la ha estimulado. El circuito y la industria de las conferencias profesionales, los festivales, simposios y jornadas ha crecido exponencialmente en la última década,como una forma de turismo cultural…

De Vicente habla también de las dos caras del fenómeno: una extrema profesionalización del acto de conferenciar que crea y destruye estrellas mediáticas de la conferencia, y paralelamente el movimiento unconference, la charla de bajo preseupuesto, ingeniosa, hazlo tú mismo.

Por último habla de la importancia del archivo TED Talks.

TED fue la primera conference que ha dado el paso de utilizar el video en la web como una oportunidad para transformar el status de la conferencia y convertirla en un producto de consumo cultural.

Genial metaparodia que hace explícito este recurso para poder ampararse en el derecho de parodia y así garantizar la legalidad del vídeo. La productora de la película ha solicitado, por supuesto, la retirada de la multitud de vídeos que corren desde hace unos días por la red y que utilizan las escenas, añadiéndoles subtítulos que ponen en boca del führer desde la piratería hasta los problemas de Cristiano Ronaldo.

El sistema de enlaces constituye la base misma de Internet. Con estas palabras, mediante las que es imposible resumir una sentencia histórica, D. Raúl N. García Orejudo, Magistrado titular del Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona, ha establecido un punto de partida para el futuro de la Internet española.

No puedo ser objetivo, dado que representé en el juicio a Jesús Guerra, titular del sitio web www.elrincondejesus.com, sosteniendo la argumentación jurídica que previamente había sido desarrollada en la contestación a la demanda por mi colega, socio, y sin embargo amigo Javier Maestre Rodríguez.

No puedo ser objetivo, dado que llevo muchos años sosteniendo que Internet es el futuro, y que legislar en contra de Internet es la mejor forma que tiene cualquier partido de asegurarse por la vía rápida su tumba electoral.No puedo ser objetivo, porque junto a compañeros de la talla humana y profesional de David Bravo y Javier de la Cueva, he tenido que ver cómo se ceba el poder político y económico en los más débiles, en aquellos que sostienen con coraje el pulso sobre el que se está levantando la futura sociedad del conocimiento.

No puedo ser objetivo, porque durante mucho tiempo, desde la histórica sentencia del Tribunal del Distrito Este de Pensilvania, por la que se declaró inconstitucional la primera ley contra Internet, los españoles hemos mirado con envidia hacia el otro lado del Atlántico. A partir de ahora, la referencia para los defensores estadounidenses de las libertades civiles será la sentencia dictada por un juez español.

Internet, como todas las grandes gestas del género humano, es una obra colectiva que construimos a diario entre todos. En los juicios que han marcado su devenir histórico, los abogados somos simples albañiles: los maestros de obra son los jueces. Que no olvide el legislador que el único arquitecto del sistema es el pueblo soberano.

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En lainformacion.com publicaron un gráfico sobre la Duración de los procedimientos judiciales en España, y en Microsiervos lo enlazaban con el pertinente título de Enchufados.

Duracion Procesos Judiciales en España. Por lainformacion.com

También en Microsiervos publicaban un resumen de todo el proceso desde que se anunciara que la Ley de Economía Sostenible podría contener medidas para cerrar webs que vulnerase los derechos de autor.

En El Mundo, Carlos Sánchez Almeida, explica el ámbito legal en el que se encuadran los problemas con los derechos de autor, y tras analizar todas las leyes que hasta ahora tratan este tema concluye que lo contencioso administrativo no es el juzgado para esto ya que es el que se encarga de resolver problemas entre la administración y los ciudadanos.

Los conflictos entre los editores de páginas web y los titulares de contenidos sujetos a derechos de autor deben dirimirse ante la jurisdicción civil, mercantil o a lo sumo penal, pero no ante una jurisdicción pensada para los conflictos entre administración y ciudadanos.

El procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, regulado en los artículos 114 a 122 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, tiene una finalidad completamente distinta a la que pretende darle este Gobierno.

Se trata de un procedimiento dirigido a proteger derechos fundamentales como el de reunión o manifestación, en caso de prohibición administrativa. Poner al mismo nivel de esos derechos la propiedad intelectual es un insulto a la inteligencia.

La Ley de Prensa franquista, declarada parcialmente inconstitucional, también permitía que los periodistas censurados recurriesen a la jurisdicción-administrativa. Al parecer, esas son las fuentes del derecho en las que bebe el actual Gobierno.

Propiedad intelectual o libertad de expresión: ¿Qué derecho prevalece aquí?
El Navegante (El Mundo) — Carlos Sánchez Almeida — 08/01/2010

Por último, la entrevista que publicó El País a Javier de la Cueva, que analiza el problema de poner puertas al campo de internet, más desde el sentido común que desde sus conocimientos legales.