Esta medida ayudará a proteger la Casa de Campo contra futuros ataques urbanísticos, impedirá la construcción dentro de sus límites y obligará a conservar sus edificios históricos.

En los últimos años, los terrenos del parque han sufrido diversas agresiones. Las más sonadas fueron la invasión de las obras de la M-30 y la modificación de la Puerta del Rey, que perdió su aspecto original. Además, la presión humana (con barbacoas, fiestas y grandes aglomeraciones) amenaza su equilibrio ambiental.

Sin embargo, en la parte positiva, el parque ha ganado con las restricciones al tráfico decididas por el Ayuntamiento y con el control de la prostitución y sus clientes.

Mientras, en los pueblos de la Sierra de Guadarrama, sus vecinos compran agua embotellada Bezoya que ha sido recogida unos kilómetros río arriba, dejando un caudal ínfimo y cenagoso para los pueblos. Diagonal recoge en su número 117 un análisis del negocio del agua embotellada, próspero en España gracias a una ley franquista que permanece en vigor.

Este año por primera vez se ha secado el río Cambrones, en la Sierra de Guadarrama. La sequía tiene que ver, pero la captación de 50 litros por segundo de agua hecha por Bezoya (Pascual) es la principal causa, según los vecinos. Ahora, el pantano del Pontón Alto, que recoge las aguas del Cambrones y el Eresma para abastecer a Segovia y a varios municipios cercanos, está seco. El agua huele a cieno y la gente compra agua embotellada por miedo. Si la marca que adquieren es Bezoya, están consumiendo el agua que les fue sustraída por la multinacional unos kilómetros antes, recogida directamente del manantial. Pero con una diferencia, por cada metro cúbico (mil litros), pagaban a su ayuntamiento unos 30 céntimos de euro; ahora, cada litro de agua embotellada les costará cerca de 0,30 euros. Pagarán a Bezoya mil veces más por un recurso público.

La Ley de Minas 22/1973, aún vigente, permite a las Comunidades Autónomas otorgar concesiones de explotación de los manantiales a empresas privadas por razones de “utilidad pública” y sin pagar ningún canon. Esta ley se contradice con la ley de Aguas de 1985, refundida con la directiva de la UE, que regula todas las aguas excepto las minerales. La causa es un conflicto de gremios de ingenieros de caminos y los de minas. Estos últimos, en la elaboración de la Ley de Aguas de 1985, se negaron a perder sus ‘privilegios’ sobre un recurso tan preciado.

Una ley del Franquismo permite el expolio del agua por parte de las embotelladoras
Diagonal — número 117 — 30/12/2009