Una secuencia sencilla es la siguiente: los países se endeudan hasta la exasperación y unos se arruinan tanto que podrían ser absorbidos por otros, gestionados, gobernados y cualificados por sus compradores. Efectivamente, la política y la economía, pero también el ocio o la actividad laboral, los placeres o la cultura se hallarían en manos de los recientes propietarios. ¿Desearán estos advenedizos propietarios invertir en actividades poco rentables o nada rentables? ¿Podrán permanecer en pie las instituciones o los programas de ayuda pública de la etapa anterior?

Probablemente no. Sin necesidad de haber sido absorbidos todavía por ninguna otra potencia, sólo en base a los rumores y los temores, la Biblioteca Nacional de España ha sido incluida en una lista de 32 direcciones generales o departamentos gubernamentales llamados “inútiles”. Pronto, cuando la necesidad de incrementar la austeridad vuelva a exigir más recortes, irán podándose otros centros que, si antes servían para ofrecer un valor llamado cultural, ahora se estiman inútiles para contribuir al nuevo valor general en cuyo centro se encuentra, unido al dinero, la misma supervivencia del país ya asaltado por la carcoma de las deudas.

Dejando de lado el ahorro que pueda suponer en sueldo convertir a un director en subdirector, el anuncio parece que lo ha heho Groucho Marx:

El real decreto supone que la persona que esté al frente de la Biblioteca Nacional tenga rango de subdirector general “con la denominación de director”.

La ministra González Sinde se reunió con del Corral y le ofreció el cese como directora y su reincorporación como subdirectora con «un contrato de alta dirección al estilo del que tiene el director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel» según ABC. Vaya, que le dijo, «Milagros, ¿pero tú no te das cuenta de que mola mucho más ser subdirectora que directora?», como ya decían Faemino y Cansado.

Nuestra primera impresión al leerlo fue que el mensaje era antiguo y dando vueltas de reenviado a reenviado seguía circulando. Pero no: los editores con el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) a la cabeza vuelven a la carga con una reivindicación ya clásica que empezó en 2004. En aquel momento ya se explicaba que cuando una biblioteca compra un libro abona los correspondientes derechos de autor, pero para los editores esto no es suficiente.

En 2006 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) condenaba a España por no eximir del canon a las bibliotecas públicas. Así la UE condenaba a España a pagar 300.000 euros de multa diaria si no aplicaba el canon ya vigente en otros países europeos. Entonces se fijó el canon en 20 céntimos de euro por ejemplar prestado, quedando eximidas las bibliotecas de municipios de menos de 5.000 habitantes. Ese dinero sería pagado por la administración y los propietarios de las bibliotecas privadas y recaudado por las entidades de gestión de derechos.

En noviembre de 2009, CEDRO anunciaba el primer reparto de dinero en concepto de derechos por prestamo de obras entre los autores de éstas, correspondientes a los prestamos efectuados en 2007. 489.978,26 euros recaudados por las obras de 21.668 escritores. Recibieron el dinero aquellos adscritos a la entidad gestora y de los que no lo estaban, los que lo reclamasen, unos 21.000 autores; el resto se lo quedó CEDRO y se repartirá junto a la partida de 2008, en el caso de los autores lo reclamen, según el Reglamento de reparto de la remuneración por préstamo.

El pasado 20 de enero los editores presentaron su propuesta ante la Subcomisión de Propiedad Intelectual del Congreso. Según CEDRO las únicas administraciones que han pagado los derechos de prestamo por 2008 son la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Cultura y el Gobierno de Navarra, así que piden un endurecimiento del canon. Por otro lado, exigen restringir las revistas de prensa y press clipings para que no se puedan amparar en el derecho de cita y aumentar su compensación. Juan Varela desgrana el tema en Periodistas 21:

Cedro penaliza el mercado digital sin que los editores hayan aprovechado sus posibilidades. La entidad de gestión cobra diez céntimos por página a los usuarios privados y 20 si es escaneada. Tarifas que en el primer caso incitan a adquirir el libro en lugar de fotocopiarlo y en el segundo a protegerse de la copia digital.

Los artículos periodísticos cotizan a 0,025 euros por página o a 0,02 euros por artículo si es para una revista de prensa digital, para los que los derechos se multiplican si se copian más artículos de una misma publicación.

Cedro también cobra tarifas a empresas (nueve euros por año), a colegios (2,65 euros en primaria y 3,74 en secundaria) y a las universidades: 4,12 euros.

A la gestora de derechos no le parecen suficientes para financiar un sector fuerte que además recibe numerosas ayudas y subvenciones tanto del Ministerio de Cultura como de los gobiernos autonómicos, ayuntamientos, etc.

Según las últimas cifras disponibles, en 2007 Cedro recaudó 43 millones de euros por derechos de autor para sus 13.000 miembros.