1. Los abajo firmantes trabajamos en el ámbito de la cultura desarrollando diferentes actividades. Algunos pertenecemos a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), otros a otras entidades de gestión de derechos de autor, otros a ninguna entidad. Todos compartimos preguntas similares y un medio común de trabajo: la producción de cultura y conocimiento.

2. El pasado viernes, día 1 de julio, asistimos al encarcelamiento para su interrogatorio del presidente de la Sociedad General de Autores y Editores y de otros seis miembros de su junta directiva. El domingo día 3, dicho presidente y otras dos personas de la junta salieron en libertad sin fianza acusados de graves cargos de corrupción.

3. Quienes firmamos este manifiesto creemos que todo el mundo tiene derecho a un juicio justo y a que se respete la presunción de inocencia. Un derecho que, lamentablemente, la propia SGAE no ha respetado en el pasado llevando a cabo campañas de acusaciones públicas contra particulares, medios de comunicación, abogados, empresas, otras entidades de gestión de derechos de autor, asociaciones, colectivos e incluso una parte importante de la sociedad civil. Por ese motivo, los abajo firmantes no vamos a opinar sobre la culpabilidad o inocencia de ninguno de los imputados. Eso lo tienen que decidir los jueces. Sin embargo, la situación que afrontamos no nace de la nada. Al contrario, viene determinada por un modelo de organización de las entidades de gestión de derechos, de concepción de la propiedad intelectual y, en definitiva, de un modelo cultural al completo que hoy está definitivamente en crisis.

4. Los espacios para discutir los mecanismos para abordar esta crisis por parte de quienes trabajamos en las llamadas “industrias culturales” han sido prácticamente inexistentes. Las entidades de gestión que (como la SGAE) han construido un discurso sobre estas cuestiones lo han hecho en nombre de la totalidad de los autores, sin haber establecido mecanismos de participación y consulta de los mismos. Las administraciones públicas han permitido de forma sistemática que espacios que no estaban elegidos democráticamente se erigieran como representantes de un colectivo complejo, difuso y con una multitud de puntos de vista.

5. El discurso que se ha producido desde estos espacios (entidades de gestión, asociaciones profesionales y el propio Ministerio de Cultura) ha sido exclusivamente uno: la criminalización de gran parte de la sociedad, lo cual ha provocado una ruptura profunda entre dicha sociedad y quienes trabajamos en el ámbito de la cultura.

6. Quienes firmamos este manifiesto creemos que ninguna de esas medidas han detenido la transformación radical del modelo cultural que se viene produciendo desde hace tiempo, tan solo han contribuido a hacer más intensa la fractura social en relación a la cultura. No han resuelto ninguno de los problemas que supuestamente debían resolver y han generado problemas nuevos.

7. En estos momentos, todos los supuestos responsables de afrontar este cambio de paradigma están absolutamente deslegitimados ante la ciudadanía. Ni el Ministerio de Cultura, ni la clase política, ni las entidades de gestión, ni las asociaciones profesionales pueden seguir encargándose de la gestión de esta situación.

8. Quienes firmamos este manifiesto creemos que existe una responsabilidad directa por nuestra parte en este estado de cosas. Hemos mantenido un silencio que ha contribuido a legitimar como generales lo que no son sino opiniones particulares. Reconocemos también que no sabemos cuál es la solución. No sabemos dónde está la respuesta, pero queremos abordar la pregunta junto con la ciudadanía: ¿cómo queremos gestionar los derechos de autor?

9. Las prácticas con las que se ha criminalizado a la sociedad en los últimos años son prácticas que nosotros mismos llevamos a cabo (compartimos contenidos a través de redes P2P, copiamos y ayudamos a otros a copiar, accedemos a material descatalogado nunca distribuido en nuestro país, a obras fuera de nuestro alcance, etc.), que consideramos fundamentales no solo desde un punto de vista de acceso a la cultura, sino incluso para el desarrollo de nuestro propio trabajo. Sabemos también que con reconocer esa legitimidad en los usos no es suficiente. No resuelve el problema que afrontamos, que es un problema también de remuneración, de derechos sociales, de participación ciudadana, de apoyo público a la creación, de condiciones laborales y de concepción de todo un modelo económico y social, frente a un modelo de gestión de los derechos de autor, como el que defiende la SGAE, que privilegia a una oligarquía de estrellas mediáticas a costa de la gran masa de los trabajadores de la cultura y el conocimiento.

10. Mientras tanto, dejaremos que los jueces y abogados hagan su trabajo, pero no en silencio. Diciendo claramente que los hechos por los que van a ser juzgadas todas estas personas no son hechos aislados de un contexto, sino que, al contrario, nacen de él. Y que nuestra responsabilidad, más allá del trabajo de la ley, es transformar ese contexto.

Emplazamos a la apertura de un debate público profundo sobre la función y los modelos de gestión de los derechos de autor en nuestra sociedad. Las respuestas no son fáciles, tardarán en llegar. Pero nos comprometemos a explorar los caminos y experimentar las posibles soluciones. Eso es que lo siempre pensamos que era la cultura, el lugar en el que hacernos preguntas.

Manifiesto redactado por diversos individuos y colectivos. Puedes adherirte en ladinamo.org/manifiesto

…el palacio del Infante don Luis, diseñado por Ventura Rodríguez en el siglo XVIII, tendrá finalmente uso público y cultural y no se traspasará a ninguna entidad privada.

El Ayuntamiento de Boadilla rescindió a finales de mayo el contrato que firmó con la SGAE en 2006 para que el palacio acogiera la sede de la Fundación Autor. Se basó en la “inadecuación” del proyecto presentado por la SGAE a las “especificaciones técnicas” marcadas por la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad, que consideró que el proyecto no era viable por los restos arqueológicos hallados en los jardines.

Más en El País.

Las sociedades de gestión se sienten amenazadas. Atribuyen el informe del CNC a “intereses ocultos” y recuerdan que un informe encargado por el Ministerio de Administraciones Públicas en 2008 dejaba claro que la gestión colectiva era el mejor de los sistemas posibles. Manuel Medina, el presidente de la recién constituida Ibercrea, que agrupa a cuatro sociedades de gestión -AGEDI, AIE, CEDRO y SGAE- señala que se trata en todo caso de un “monopolio impropio”, es decir, sólo este tipo de entidades pueden gestionar colectivamente estos derechos de propiedad intelectual, pero no existe númerus clausus, puesto que Cultura puede autorizar nuevas entidades y la asociación a las mismas no es obligatoria.

Derechos de autor, que no derecho al monopolio
El País — Ramón Muñoz — 05/02/2010

En El País aderezan la noticia con un textito que titulan “La teoría del plagio permanente“, en la que relatan la discusión mantenida entre Rodríguez Ibarra y Muñoz Molina a cerca de los derechos de autor: «Siguiendo esta original teoría del plagio permanente podría colegirse que los políticos no deberían tampoco ser retribuidos por legislar puesto que todas las leyes se apoyan en otras anteriores, hasta remontarse al código de Hammurabi.»