Tras la estimación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del recurso contencioso administrativo presentado por los vecinos contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Ayuntamiento, la Iglesia ha declarado que tiene derecho a edificar su sede administrativa en un terreno que es de su propiedad. El Ayuntamiento ha decidido posicionarse a favor de la curia y recurrir la sentencia del TSJM.
El TSJ ha considerado que «la zona está integrada dentro del conjunto histórico Recinto de la Villa de Madrid. La transformación de uno de sus elementos, según la sentencia, afecta a la totalidad, y por lo tanto a la estructura urbana del centro histórico de Madrid. El plan debería haber cumplido las exigencias de protección de la legislación de patrimonio histórico, tanto la estatal como la de la Comunidad de Madrid; exigencias que no cumple, a juicio del tribunal. Las autoridades se han limitado a contemplar el contenido habitual de los planes urbanísticos sin tener en cuenta la dimensión histórico artística del ámbito afectado.»
La Iglesia propone nuevas modificaciones al PGOU para cumplir con las exigencias que, según la sentencia, cualquier intervención en entorno de patrimonio histórico debe contemplar.
El arzobispado propone que el Ayuntamiento incluya la protección del patrimonio histórico específico de la Cornisa que la sentencia judicial le demanda. A juicio del portavoz eclesial madrileño, la previa modificación municipal del Plan “contemplaba estos aspectos, pero lo hacía de una manera dispersa y sin precisar un instrumento protector específico que guareciera tal patrimonio”.
Y la respuesta del Ayuntamiento no se ha hecho esperar: recurrira la sentencia, a pesar de que que el TSJM ha dejado claro que aunque la sentencia es recurrible, los edificios proyectados no se construirán de ninguna de las maneras.
Ecologistas en Acción celebra la sentencia, con cierto humor, por su originalidad.
…la organización ecologista se felicita de que esta vez la justicia haya actuado antes que se pusieran en marcha las obras. Y es que lo habitual es lo contrario: que las sentencias den la razón a vecinos o ecologistas una vez concluidas las obras (M-30, campos de golf en el Parque de Santander, M-501…).
Imagen: Blog Amar, leer, vivir
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