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Seguimiento del conflicto tras la publicación de las medidas “antidescargas” por el gobierno

El viernes pasado, tras el Consejo de Ministros, se dio a conocer las medidas del gobierno para regular los conflictos derivados de las descargas en internet. Desde entonces, la web se ha llenado de información y opiniones sobre el tema. Recogemos aquí las más jugosas, según nuestro criterio.

En lainformacion.com publicaron un gráfico sobre la Duración de los procedimientos judiciales en España, y en Microsiervos lo enlazaban con el pertinente título de Enchufados.

Duracion Procesos Judiciales en España. Por lainformacion.com

Duracion Procesos Judiciales en España. Por lainformacion.com

También en Microsiervos publicaban un resumen de todo el proceso desde que se anunciara que la Ley de Economía Sostenible podría contener medidas para cerrar webs que vulnerase los derechos de autor.

En El Mundo, Carlos Sánchez Almeida, explica el ámbito legal en el que se encuadran los problemas con los derechos de autor, y tras analizar todas las leyes que hasta ahora tratan este tema concluye que lo contencioso administrativo no es el juzgado para esto ya que es el que se encarga de resolver problemas entre la administración y los ciudadanos.

Los conflictos entre los editores de páginas web y los titulares de contenidos sujetos a derechos de autor deben dirimirse ante la jurisdicción civil, mercantil o a lo sumo penal, pero no ante una jurisdicción pensada para los conflictos entre administración y ciudadanos.

El procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona, regulado en los artículos 114 a 122 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, tiene una finalidad completamente distinta a la que pretende darle este Gobierno.

Se trata de un procedimiento dirigido a proteger derechos fundamentales como el de reunión o manifestación, en caso de prohibición administrativa. Poner al mismo nivel de esos derechos la propiedad intelectual es un insulto a la inteligencia.

La Ley de Prensa franquista, declarada parcialmente inconstitucional, también permitía que los periodistas censurados recurriesen a la jurisdicción-administrativa. Al parecer, esas son las fuentes del derecho en las que bebe el actual Gobierno.

Propiedad intelectual o libertad de expresión: ¿Qué derecho prevalece aquí?
El Navegante (El Mundo) — Carlos Sánchez Almeida — 08/01/2010

Por último, la entrevista que publicó El País a Javier de la Cueva, que analiza el problema de poner puertas al campo de internet, más desde el sentido común que desde sus conocimientos legales.

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